Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los guatemaltecos seguimos nuestra vida sin inmutarnos gran cosa por lo que está ocurriendo en el país con la lucha contra la corrupción y es notable que para el grueso de la población el asunto no reviste una importancia como para forzar a una masiva y decidida participación de todos los sectores para cambiar un sistema que fue pervertido período tras período hasta convertir al país en el nido de la corrupción.
Pero quiero señalar un aspecto preocupante y delicado. La economía de Guatemala se mantuvo por dos motores muy particulares que poco o nada tenían que ver con nuestra propia capacidad para producir. Por un lado el ingreso de las remesas familiares, producto del trabajo esforzado de los migrantes, ha sido un factor esencial para que el mercado se mantenga activo y de esa cuenta hasta las etapas de recesión mundial las pudimos llevar más o menos bien porque no faltó el envío, mes a mes, de esos chapines que se parten el alma en Estados Unidos para mantener a sus familias aquí.
Y el otro motor, del que nunca hemos querido hablar, fue el del dinero mal habido, producto en menor porcentaje del narcotráfico y en inmensa proporción derivado del derroche que permitió la corrupción al irse convirtiendo en un juego en el que muchos participaban. Los millones de la corrupción entraban vigorosamente en el mercado nacional impulsando la actividad económica porque, y al cabo, para eso se hacen los negocios, para disponer de dinero fácil que se puede gastar a manos llenas. Además, fue mediante la cooptación del Estado y los trinquetes que se realizaban inversiones fuertes del sector público que de alguna manera generaban empleo, mientras que algunos servidores públicos, gracias a los pactos colectivos que fueron ganando con base en componendas con los funcionarios pícaros, podían darse lujos con gastos que hacían vigoroso el mercado interno.
Pero todo eso empieza a escasear porque los que aún tienen dinero para gastar lo guardan “por si las moscas”, pues no saben o, mejor dicho, temen que sus negocios estén en el ámbito del radar de la CICIG y del Ministerio Público. Los mismos trabajadores que recibieron dinero sin aumentar su productividad con los pactos colectivos, tienen temor a que pueda hacerse justicia y se reviertan esos beneficios otorgados sin fundamento en la capacidad económica del Estado o en la productividad del trabajador.
Si es cierto lo que yo sostengo, que la economía de Guatemala floreció en buena medida por el flujo enorme de la corrupción, podemos estar entrando en una etapa de recesión económica que hay que atender.
Por supuesto que no se trata, como pregonan algunos sinvergüenzas, de que se aceleren los negocios sucios como antes para que la economía no sufra. Se trata de cambiar rápidamente las reglas de juego, las normas que regulan al sistema, para acabar con los vicios que alentaron tanta corrupción y permitir que, cuanto antes, el país tenga nuevas leyes que nos ofrezcan posibilidad de emprender una reactivación económica que no dependa del pisto que se gastan los que se hartan con el dinero de la corrupción.
