Javier Monterroso
La palabra de origen japonés tsunami es lo que en castellano se conoce como maremoto, y significa un terremoto en el lecho marino que provoca el desplazamiento de una enorme cantidad de agua, provocando olas inmensas que al chocar con las costas causan una enorme destrucción arrasando con todo a su paso, tuvo razón la fiscal General Thelma Aldana cuando en conferencia de prensa dijo que tenían un caso que era como un tsunami, lo que omitió decir es que al igual que se le pone nombre a los huracanes, ese tsunami bien se podría llamar Juan Carlos Monzón.
Al igual que con un tsunami nadie esperaba la magnitud del desastre que causarían las declaraciones de Monzón, recordemos que la primera vez que se menciona como posible colaborador eficaz en el caso “La Línea” todos esperábamos que tuviera información clave para hundir a Roxana Baldetti y a Otto Pérez Molina, pero la lengua de este personaje va mucho más allá, no solamente está contando lo que sabía contra sus jefes y la jerarquía del Partido Patriota, también está declarando todo lo que sabe o le consta sobre cualquier persona que haya tenido contacto, relación o negocios con Baldetti.
Nada se escapa de su mortal ataque, bancos, constructoras, canales de televisión, cualquier persona que haya tenido contacto con el hombre de confianza de la exvicepresidenta está en riesgo de ser acusado por algún delito, tampoco discrimina si la falta fue grave o leve, desde un acto de corrupción pública en el que un constructor da apoyo a la campaña a cambio de que después se le asigne ejecución de obras públicas lo que constituye cohecho, hasta un delito menor como financiamiento ilícito del que se acusa a varias personas en este nuevo caso, algunos como Flavio Montenegro a quien ni siquiera se ha demostrado que haya recibido beneficio alguno a cambio del supuesto aporte a la campaña. Por cierto esta acción ni siquiera debería ser delito, pues el solo hecho de dar dinero a un político sin que sea anotado en las cuentas del partido en cualquier legislación garantista sería considerada una falta administrativa y sancionada con multa no con pena de prisión, dicen por allí que la autora de esta aberración jurídica es la misma Roxana Baldetti cuando era diputada y que hizo la propuesta de tipo penal pensando en atacar a Sandra Torres, vaya si no le salió el tiro por la culata.
Pero cuidado que también al MP y a la CICIG les puede salir el tiro por la culata en estos casos, en primer lugar porque dependen demasiado del testimonio de Monzón, lo que en algunos delitos pareciera insuficiente para lograr una condena, y en segundo lugar porque al perseguir penalmente a tanta gente al mismo tiempo y por hechos totalmente distintos están creando un mega caso que llevará años poder juzgar, y en un caso tan grande y complejo ni siquiera un juez con la experiencia de Miguel Ángel Gálvez podrá cuidar todos los aspectos formales, provocando violaciones a garantías constitucionales como ya reclaman los abogados defensores, lo que podría más adelante beneficiar a los acusados.
