Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La avalancha contra la corrupción desatada por la CICIG con el Caso «La Línea», fortalecida luego por el trabajo del Ministerio Público tan puntual en la multitud de casos que han venido a continuación, golpeó severamente a los poderes ocultos que desde hace muchos años se adueñaron de la estructura completa del Estado para lucrar a costillas del hambre de la población y de las enormes necesidades producto del déficit en inversión social. Sin embargo, hay que entender que el sistema sigue intacto y que los que ya están encausados disponen de abundantes aliados que siguen operando en la sombra y que, temerosos y amenazados por todo lo que ha ocurrido, se mueven con más premura que sigilo para reactivar su control sobre las redes de operadores de justicia y para montar campañas mediáticas en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el MP y sus titulares.
No podemos suponer que en esta guerra contra la corrupción no habrá contraataques de quienes tienen tanto que perder y tanto que defender porque sus inmensos capitales se ven amenazados por la extinción de dominio. Por el contrario, debemos estar seguros de que la lucha que se plantea para el futuro será muy dura y difícil por la cantidad de recursos disponibles para apuntalar y defender un sistema perverso que ha servido tan eficientemente a infinidad de personas. Estamos hablando de políticos que han ocupado puestos en prácticamente todos los gobiernos desde hace muchas décadas, de contratistas que se han encargado de la obra pública cobrando en exceso y pagando mordida, de proveedores que desde las campañas políticas se posicionaron como las empresas a las que compra el Estado, de bancos útiles para hacer la lavandería del dinero sucio, medios de comunicación con notables influencias, especialmente los que disponen de frecuencias radioeléctricas virtualmente gratuitas otorgadas por ese mismo Estado, concesionarios que encontraron en la generación eléctrica y la minería la viña para amasar o incrementar sus fortunas y a ellos se suman los nuevos ricos, los que hicieron su dinero en negocios ilícitos y ahora aparecen honrados hasta por la compañía de destacados y muy respetados diplomáticos.
La lista resulta interminable y no puede hacerse un detalle exhaustivo de personas y sectores que han sido parte de la corrupción, lo que nos demuestra cuán extenso es el poder de quienes, para defenderse, van a dirigir esa nueva lucha con muchos recursos para hacer efectivo el control sobre sus jueces, a los que nombraron en pactos de impunidad reconocidos en su momento, y para buscar el desprestigio de todos los que están haciendo algo para que cambie el sistema. Van a atacar no sólo a Thelma Aldana y a Iván Velásquez, sino que lo harán contra los actores sociales que se han manifestado por un cambio profundo, por una necesaria vuelta de hoja en un modelo político pervertido.
Los ciudadanos tenemos el arma de la plaza para mantener la presión sobre los poderes fácticos y ocultos y no debemos confiarnos ni renunciar a nuestras exigencias. El tiempo juega a favor de los corruptos por la memoria tan corta de la opinión pública y por ello urge que actuemos, que entendamos que la lucha apenas empieza y que no debemos dar un paso atrás ni para agarrar aviada.
