Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La danza insolente de los millones de la corrupción adquirió un nuevo nombre con el caso de «la cooperacha» que se hacía anualmente para dar costosos regalos a Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti. Un pueblo muerto de hambre, sin más oportunidades que la de emigrar a Estados Unidos si acaso quiere encontrar algún futuro, es ahora mudo testigo de ese derroche con el que los corruptos se aseguraban los puestos que les permitían seguir robando a manos llenas.
Ayer publicamos las cifras de la pobreza en Guatemala y cómo ésta ha aumentado a expensas de la disminución de la clase media y como resultado de la falta de inversión social en educación, salud, vivienda e infraestructura porque todo el dinero del Estado va para la corrupción, fenómeno que no inauguraron Pérez y Baldetti, sino que viene de muchos años ante la paciencia más que franciscana de un pueblo que sabía que le robaban, pero que no se inmutaba ante el latrocinio hasta que la CICIG y el MP empezaron a dar sonoros golpes. Robar siempre es un grave delito en el ejercicio de la función pública, pero es un gravísimo pecado cuando se le roba a un pueblo tan lleno de necesidades como el nuestro y ese pecado es imperdonable.
Creo, sin embargo, que los guatemaltecos estamos fallando como ciudadanos porque parecemos aspirar únicamente al castigo de unos cuantos sin comprometernos a que cambie el sistema que ha alimentado tanta corrupción y eso no se vale, porque aún y cuando se pudiera frenar la impunidad y sancionar penalmente a los sindicados, sin cambiar el sistema todo seguirá igual para que vengan otros igualmente vivos o aún más, si se puede, para seguir con el saqueo de la cosa pública. Además, es claro que no están aún todos los que deben estar, porque faltan los que en períodos pasados hicieron micos y pericos con los recursos que debieran ir al abastecimiento de los hospitales, a las mejoras de la educación, a la construcción transparente de obra pública duradera que sirva al país, al otorgamiento de licencias a gente decente que trata de producir sin coimas y sin explotar inmisericordemente los recursos naturales.
El castigo es importante en la medida en que sea parte de un complejo procedimiento para sentar precedentes que eviten, en el futuro, que sigan operando a las anchas los políticos y sus financistas. Cómo es posible, para citar ejemplos, que candidatos como Colom y Pérez Molina hayan vivido sin trabajar y amasando fortuna antes de llegar al poder, igual a como lo hicieron en el último período Baldizón y Torres, viviendo de las rentas del financiamiento político cuyo costo pagamos los guatemaltecos. Y es que la cooptación del Estado viene de mucho tiempo atrás y de la misma han sido parte negocios como el de la construcción, los medios de comunicación, la telefonía, la venta de medicinas, el sector financiero nacional y la pléyade de pícaros y oportunistas que supieron explotar la ambición de los políticos para amasar ellos, también, enormes fortunas que se nutrieron del erario público.
El camino para seguirlo haciendo está allí, intocable aún, y eso es lo que tenemos que cambiar.
