Foto: La Hora

Para un país como Guatemala resulta imposible “celebrar” el 25 de noviembre, fecha en donde se conmemora el Día de la No Violencia Contra la mujer. Pese a constituir el 51% de la población, el país no ofrece un hogar seguro ni oportunidades de desarrollo adecuado para las mujeres. Una agenda política pertinente, reformas al sector justicia y acciones de sensibilización son algunos de los aspectos que cuatro expertas plantearon para algún día garantizar un país libre de violencia contra este sector de la población.

EL CAMBIO PARTE DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Silvia Trujillo, socióloga especializada en derechos de las mujeres, formuló que los principales perpetuadores de la violencia contra la mujer en Guatemala son el Estado y la misma sociedad. Respecto al primero, describió que, aunque el marco legal guatemalteco se compromete a atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, este último no se ha logrado concretar.

Para la analista, el Estado guatemalteco, presenta falencias en la justicia contra las mujeres, la inversión pública en este sector y en el cuestionamiento hacia los escenarios que posibilitan la violencia contra este género.

“Tenemos por un lado un Estado guatemalteco que actúa por omisión, que no se preocupa por fortalecer el sistema de justicia para que disminuya el índice de impunidad en casos de violencia contra la mujer; un Estado que tiene una política pública, pero a la que le destina solo el 4% del presupuesto, es decir, ínfimo; un Estado que sigue pensando que poniendo un teléfono para que las mujeres denuncien eso ya resuelve el problema”, razonó.

Por otro lado, Trujillo enfatizó que la sociedad guatemalteca se ha convertido en partícipe de la violencia contra la mujer al ignorar los casos diarios y problemas estructurales. “Tenemos una sociedad que es cómplice porque permite la medida en que todos los días nos estamos enterando de casos de femicidios, casos de violencia contra las mujeres, violencia sexual contra niñas y adolescentes; y no pasa nada”, enfatizó.

No obstante, la investigadora social indicó que sí existe la sensibilización de la violencia en algunos sectores, pero es una percepción que debe ser extendida al resto de la ciudadanía. Trujillo analizó que la articulación ciudadana se ha centrado durante los últimos años en colectivos de jóvenes, quienes han visibilizado violencias aún no tipificadas como delitos, por ejemplo, el acoso callejero y agravaciones en abusos contra mujeres indígenas.

“Claro que han ido cambiando algunas percepciones, sobre todo mujeres jóvenes que salen a la calle, que manifiestan su hartazgo; eso también hay que mencionarlo porque si no pareciera que en Guate nunca cambia nada. Yo creo que esto no para, porque una vez que tomas conciencia de tu opresión, no hay vuelta atrás”, sostuvo.

 

En ese sentido, la socióloga opinó que la respuesta de la población ante la violencia contra la mujer debe ser contundente y persistente. Aunado a lo anterior, es necesario el compromiso del Estado en toda su institucionalidad, mediante un plan de prevención integral, fortalecimiento de la justicia y reducción en los índices de impunidad en casos de violencia.

LA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE EN UN CONGRESO IMPAR

Para Andrea Villagrán, diputada en el Congreso de la república, uno de los focos que deben ser atendidos en Guatemala es precisamente ese organismo. Siendo la entidad que legisla las normas en el país, consideró urgente la integración paritaria de este y el avance de iniciativas de leyes a favor de las mujeres.

La diputada Villagrán junto con otras ocho legisladoras presentaron la iniciativa 5893, Ley de Paridad, Alternancia e Inclusión de Pueblos Indígenas. Esta ley pretende reducir la brecha de género dentro de las entidades políticas. La funcionaria resaltó que solo el 4% del presupuesto general de la nación es destinado a las mujeres, lo cual, a su criterio, también es consecuencia de un organismo impar.

La diputada Andrea Villagrán se pronunció al respecto. Foto: La Hora/Andrea Villagrán

“A penas el 4% del presupuesto general es reportado para temas de mujeres, lo cual es muy poco. Hay una invisibilización también de las problemáticas de la mujer y eso se ve reflejado en el presupuesto porque, quienes aprueban el presupuesto son los congresistas y quienes toman decisiones sobre la problemática que aqueja a las mujeres son, en su mayoría, hombres”, resumió.

Actualmente solo 31 de las diputaciones en el Congreso corresponden a mujeres y de 19 bloques solo 2 son presididos por mujeres. Villagrán destacó que la importancia de un Congreso paritario radica en que las legisladoras pueden visibilizar las necesidades de las mujeres en el país y promover iniciativas con enfoque de género. Algunas iniciativas de ley en pro de las mujeres han sido presentadas ante el Congreso; sin embargo, se han quedado estancadas en el proceso.

Otras dos iniciativas, además de la de paridad y alternancia, son:

1. Iniciativa 5452: Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM)

Esta moción es facilitar el acceso de mujeres a recursos económicos y productivos, servicios técnicos y tecnológicos para el fomento, impulso e implementación de iniciativas y proyectos de empoderamiento. Asimismo, prevé el Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres (FODEM) dirigido a apoyar y dotar de recursos a las guatemaltecas con programas de emprendimiento, otorgamiento de créditos y subvenciones para capital productivo.

 

“Vemos como las mujeres son una parte importante de la economía, pero siguen siendo invisibilizadas, son las que tienen menos acceso a créditos, préstamos bancarios, tierras y demás y debido a esta falta de recursos financieros es que no pueden salir delante de forma igualitaria que los hombres”, contrastó la diputada.

2. Iniciativa 5376: Ley de Protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas

Esta iniciativa ha quedado estancada desde su presentación, por Sandra Morán, en la legislatura anterior. Esta ley busca garantizar la protección del Estado a las niñas y adolescentes guatemaltecas desde la provisión de educación sexual, mejoras en el sistema de adopciones y eliminación de la responsabilidad penal a los prestadores de salud que permitan la interrupción de un embarazo en niñas menores de 14 años.

En abril de 2021 Villagrán impulsó la propuesta de decreto 5888, la cual plantea reformas al Código de Trabajo de Guatemala, en las que se prohibirán las formas de discriminación laboral contra la mujer, por razones de su edad, etnia, idioma, religión, enfermedad, discapacidad, embarazo y demás estereotipos discriminatorios. Al igual que las anteriores, esta iniciativa no ha prosperado.

Además de crear leyes a favor de la mujer, la congresista consideró necesario garantizar su cumplimiento y el acceso a la justicia de esta población. “Otro tema es que se cumpla como tal. Vemos tantas denuncias por violaciones de derechos a las mujeres; más del 40% de denuncias en el Ministerio Público es en relación a violencia contra la mujer y esos casos se quedan en mora, no hay una asistencia a ello. Muchas mujeres tienen incluso temor porque no ven una justicia efectiva, por el contrario, son parte de un proceso de revictimización incluso llega a ser un gasto económico para ellas y prefieren no denunciar”, señaló.

SE DEBE CONSIDERAR A LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD

Desde la perspectiva de Sandra Morán, exdiputada del Congreso de la República, la agenda de atención a la mujer debe ser abordada tomando en cuenta a las mujeres diversas de Guatemala. “Al final de cuentas, ¿qué es la violencia?”, preguntó Morán; “es el ejercicio de poder a partir que las personas salen de la norma que alguien piensa. Es un castigo al salir de la norma de lo que tiene que ser y lo que se debe seguir”, detalló.

En ese sentido, expuso que en Guatemala también existe una opresión contra mujeres de la diversidad sexual, sobre todo las lesbianas, transgénero y transexuales. “Aquí hay un entramado de problemas porque en el caso de la diversidad sexual, sobre todo las mujeres trans que están siendo asesinadas sufren una violencia muy fuerte. Hay esta homofobia, lesbofobia y transfobia y además todo el mismo sistema, por eso las acciones deben ser educativas con cambio de paradigmas”, formuló.

 

Morán refirió que algunos colectivos han trabajado en la concienciación de estos tipos de violencia; no obstante, es necesario el apoyo del Estado y el resto de la población. “Eso implica acciones educativas, procesos de despatriarcalización, descolonialización y todo eso es a partir de la educación (…) campañas masivas”, explicó.

Desde otro ángulo, la antropóloga Sandra Xinico Batz diferenció que para la opresión de las mujeres indígenas guatemaltecas se ha conformado desde el colonialismo. Lo anterior se ve reflejado, acotó la profesional, en la violencia diaria que enfrentan las mujeres indígenas. “El hecho que la violencia sea cotidiana solo son señales de un problema más grande, que es prácticamente el desprecio a las mujeres que va a ser más grande cuando hablamos del desprecio a la vida de los pueblos originarios”, determinó.

Además de la violencia cotidiana, Xinico Batz refirió que esta se manifiesta en el carente acceso a servicios básicos para cualquier ser humano. La antropóloga kaqchikel concluyó que esta marginación se debe a la escala donde se ha ubicado a la mujer indígena, donde “se piensa que su único papel en la sociedad es la servidumbre”.

 

Para erradicar esta discriminación sistemática, la columnista distinguió que las organizaciones políticas deben reformarse a partir del reconocimiento de otras realidades y los fenómenos que aquejan a estas mujeres. Sumado a ello, la eliminación de la violencia contra la mujer indígena será alcanzada una vez se erradique el racismo en el país. El racismo y violencia para estas mujeres se ve reflejado en distintas maneras, pero la profesional ejemplificó que muchas veces los materiales producidos por mujeres indígenas como los tejidos son apreciados por la sociedad, mas no se reconoce el valor de quien lo fabrica y su cultura.

Por último, resaltó que el acceso a la justicia para las mujeres indígenas se ve rezagado incluso a comparación con el de otras mujeres en Guatemala. “Las mujeres indígenas que son asesinadas regularmente permanecen en el anonimato, las denuncias no trascienden y muy pocas veces existe realmente justicia. Entre las mismas mujeres incluso existe esa diferenciación”, precisó.

Jeanelly Vásquez
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y entre ratos podcaster. Creo en el feminismo y la lucha por la igualdad social; me interesa la política, medio ambiente y derechos humanos. Estoy comprometida con concienciar a mi generación sobre la importancia de una participación ciudadana activa.
Artículo anteriorLa violencia psicológica y económica contra la mujer es muy común y difícil de probar
Artículo siguienteConmebol le dice adiós a la ventaja del gol de visitante