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CONTINÚAN ENFRENTÁNDOSE A BARRERAS QUE LIMITAN SU PLENA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Situación de los indígenas es precaria a 10 años de declaración de la ONU 

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Situación de los indígenas es precaria a 10 años de declaración de la ONU 

Por Gabriel Tuñez
Buenos Aires
DPA

Discriminación, exclusión y falta de protección por parte de los Estados. Estas son sólo algunas de las situaciones que padecen las poblaciones indígenas en el mundo pese a la vigencia, desde hace diez años, de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las comunidades originarias.

El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración que aborda el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas para, de ese modo, combatir la discriminación y el racismo.

“Debemos reconocer los enormes desafíos que aún existen. En demasiados casos, los pueblos indígenas se enfrentan a mayores problemas y violaciones de derechos que hace diez años”, dijo en agosto la Relatora Especial de Naciones Unidas  sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

En América Latina, según un informe difundido en junio último por el Banco Mundial, pese al crecimiento económico y social de la región en las últimas décadas, “los pueblos indígenas continúan enfrentándose a barreras estructurales que limitan su plena inclusión social y económica”. Además, “constituyen aproximadamente el 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los extremadamente pobres” de América Latina, de acuerdo con el informe.

En Argentina y Chile, por ejemplo, las comunidades mapuches afrontan conflictos por el reclamo de tierras ancestrales en las regiones patagónicas de ambos países.
En la provincia argentina de Chubut, a unos mil 400 kilómetros de Buenos Aires, un joven se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto pasado luego de participar, según consta en los documentos de la Justicia, en una protesta de mapuches que fue desalojada de forma violenta por agentes de la Gendarmería, la fuerza a cargo de la custodia de las fronteras del país.

“¿Dónde está Santiago Maldonado?” es la pregunta que los argentinos pronuncian desde ese día en el país y en diferentes ciudades del mundo.

La desaparición de Maldonado, que avalaba el reclamo territorial de los mapuches en una comunidad cercana a la ciudad de Esquel, causó provocó una crisis en el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Maldonado había tomado parte en una protesta para reclamar la libertad del “lonko” (jefe) del “lof” (pueblo) mapuche de Cushamen Facundo, Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre quien pesa un pedido de extradición de Chile, donde es acusado de haber participado en un ataque incendiario cerca de la ciudad de Valdivia.

Según el Gobierno argentino, en los días previos a la protesta en la que desapareció Maldonado integrantes de RAM habían cometido incidentes y atentados con bombas molotov como parte de su reclamo territorial.

El Gobierno de Macri acusó a los integrantes de RAM de recibir financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de organizaciones radicadas en el Reino Unido.

Ante esto, organizaciones de derechos humanos expresaron su “preocupación” porque el Gobierno argentino, “bajo el eufemismo ‘revalorización de la ley penal’ coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social'”.

“Las comunidades indígenas están ejerciendo el derecho a la protesta ante un contexto de falta de reconocimiento territorial” por el Estado, explicó a dpa Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) Argentina.

Una ley sancionada en 2006 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en Argentina.

La norma, sin embargo, podría perder vigencia en noviembre próximo si el Parlamento no prorroga su alcance. Si eso no ocurre, unas 1.500 comunidades en toda Argentina quedarán en riesgo de ser desalojadas de los territorios que reclaman como propios.

En Chile, por su parte, las comunidades mapuches reclaman al Estado la devolución de sus tierras desde el río Bíobío, a casi 600 kilómetros al sur de la capital del país, hacia el sur.

También exigen la derogación de una ley antiterrorista, la libertad inmediata de los mapuches presos por “recuperar” su territorio y el reconocimiento al derecho a la autonomía y la autodeterminación.

En junio pasado, en un inédito gesto, la presidenta, Michelle Bachelet, pidió perdón al pueblo mapuche por los “errores y horrores” cometidos por el Estado chileno. Además, lanzó un plan de reconocimiento y otro de desarrollo para la región de la Araucanía, la más pobre del país, asunto que hasta ahora no se ha materializado mientras aumenta la violencia en la zona.
Un total de 209 camiones que prestan servicios, principalmente, a empresas forestales de la zona fueron quemados desde 2014 a la actualidad, según la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC). Los atentados han sido atribuidos, entre otros, al grupo “Weichan Auka Mapu”.
Según cifras oficiales, un millón de los 17 millones de personas que habitan en Chile son mapuches.

 

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