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DETALLES DE LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN EN LA CARTA MAGNA

Primicia: la propuesta de reformas constitucionales para el sector justicia

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POR C. PALACIOS, J. ESTRADA Y G. ORTIZ
lahora@lahora.com.gt

El Diálogo Nacional “Hacia la reforma de la justicia” incluirá la discusión de un proyecto de modificaciones a la Constitución, al cual tuvo acceso La Hora y que se presenta de manera resumida a continuación. La iniciativa, que aún debe ser analizada y discutida por las entidades involucradas, solo toca los artículos referentes al sector justicia.

El proyecto de reformas a la Constitución establece profundos cambios en la integración de los órganos judiciales y garantiza la existencia de un sistema jurídico plural, en el que también puedan impartir justicia las autoridades indígenas de acuerdo con los usos y costumbres de sus comunidades.

El fortalecimiento de la carrera judicial es otra de las apuestas de la iniciativa, pues se empodera al Consejo de la Carrera Judicial transfiriéndole las responsabilidades administrativas del Organismo Judicial.

Asimismo, las reformas pretenden cambiar el mecanismo mediante el cual se elige a los magistrados al Organismo Judicial, eliminando las Comisiones de Postulación y dejando al Consejo como el encargado de designar a los magistrados a la Corte de Apelaciones y de elaborar las listas para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo también podrá proponer a tres personas para el cargo de fiscal general.

El mandato del jefe del Ministerio Público se amplía de cuatro a seis años y se prohíbe la reelección sucesiva.

En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, la iniciativa propone ampliar el número de magistrados a nueve, los cuales estarían organizados en cámaras.

Aunque en la reforma el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos pierden su poder para elegir a los magistrados, el Congreso continúa como el encargado de la elección final. Esto, aunque en el Congreso no se llevaron a cabo las reformas políticas demandadas por la ciudadanía.

El proyecto de reformas, en sus artículos transitorios, establece que en el año siguiente a su aprobación, los diputados deberán conocer y aprobar una serie de reformas a las leyes del sector justicia.

REACCIONES

El inicio del diálogo sobre las reformas constitucionales es, a criterio del abogado constitucionalista Rodrigo Rohrmoser, una de las mejores acciones para pensar en cambiar el sistema de justicia.

“Es tiempo que ya se discuta. Entiendo que hay varios proyectos y estos se estudiarán en las reuniones que empiezan hoy, en el diálogo convocado por CICIG, MP y otros interesados en tocar el tema. Me parece muy acertado porque garantizaría la seguridad jurídica”.

De acuerdo con el letrado, de no ser por los esfuerzos de CICIG y MP, ahora no habría avances en procesos judiciales y en las discusiones sobre reformas profundas.

“Toda reforma es conveniente, porque lamentablemente el crimen organizado ha penetrado el Organismo Judicial, así como todos los organismos del Estado. Es importante que se fortalezca el OJ para que cumpla con la constitución de la Ley”, aseguró.

Rohrmoser considera fundamental el fortalecimiento de la carrera judicial y la desaparición de las Comisiones de Postulación, que a su juicio, no han cumplido con el objetivo para el que fueron creadas.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, calificó como positivo el diálogo a favor de las reformas a la justicia, aunque espera que no se desarrollen solo cambios legislativos o constitucionales, sino que además se acompañen de procesos de orden administrativo para el fortalecimiento de instituciones.

“Solo el hecho de la participación de los presidentes del Legislativo, Ejecutivo, se sienten a repensar las normativas es algo importante”, afirmó.

Por otro lado, recordó que cuando se habla de reformas no todo debe centrarse en las leyes, pues es necesario evaluar la ética y moral de los operadores de justicia para que las normativas sean aplicadas adecuadamente.

“También se requiere un cambio de actitud de los operadores de justicia y eso no se va lograr de la noche a la mañana”, apuntó.

El experto en justicia y seguridad, Oswaldo Samayoa, destacó que con estas propuestas que se discutirán, se buscará fortalecer independencia del sector justicia, procesos más transparentes, así como mecanismos más idóneos de nombramientos en la Corte de Constitucionalidad (CC) y Corte Suprema de Justicia.

El entrevistado afirmó, que siempre ha existido una debilidad en el Organismo Judicial y Ejecutivo, cuando se habla de estas reformas, por lo que se ha desarrollado mucha desconfianza de la población, pues se pueden desviar de lo importante, e incluir otros temas, “siempre se ha entorpecido estos procesos, por la debilidad institucional y los temores que tenemos de estos actores que tenemos de política en el país”.

CICIG y MP, entonces estarían fungiendo un papel de garante y mediador en las discusiones, con lo que se garantizaría con un proceso transparente, pues fungirían un papel de garantes para que actores sociales no se entrometan en su contra.

El jurista Ramón Cadena, espera que con este proceso se inicien las discusiones sobre las reformas, pero considera necesario conocer la metodología y la agenda de diálogo.

Un punto indispensable es el papel que tendrá la ciudadanía y que se aclare la metodología para definir el papel que jugará el pueblo en el diálogo, señaló Cadena.

EN SÍNTESIS: LAS REFORMAS
PLURALISMO JURÍDICO

Se reforma el artículo 203 para establecer un sistema jurídico plural:

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Organismo Judicial y las autoridades indígenas”.

CARRERA JUDICIAL
Se reforma el artículo 205, agregando como garantías del Organismo Judicial, la carrera judicial y el Servicio Civil de dicha institución.

Se reforma el artículo 208, creando una carrera judicial que comprende desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la Corte Suprema de Justicia y garantiza la estabilidad en el cargo en tanto no se incurra en causal legal para el cese del mismo.

Los magistrados y jueces, cualquiera que sea su categoría, durarán en sus funciones 12 años.

Se reforma el artículo 209, instituyendo al Consejo de la Carrera Judicial como el ente rector de la carrera judicial y el órgano responsable del desarrollo de todos los procesos relativos a la carrera judicial (ingreso, remoción, promoción, etc.), atribución que actualmente ejerce la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de la Carrera Judicial se integra con siete miembros, que incluyen representantes de todas las categorías de magistrados y jueces y tres expertos en diversas disciplinas indispensables para el desarrollo de la carrera judicial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Se reforma el artículo 214 sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se integra por trece magistrados, incluyendo a su Presidente.

No menos de nueve magistrados deberán haber ingresado al Organismo Judicial por medio del sistema de carrera judicial.

Se reforma el artículo 215 sobre la elección de la CSJ.

Los magistrados de la serán electos para un periodo de doce años.

La elección se realizará por el Congreso, de una nómina que incluya el triple de candidatos por vacante, propuesta por el Consejo de la Carrera Judicial.

Se reforma el artículo 216 sobre los requisitos para ser magistrado de la CSJ:

Se eleva la edad para optar al cargo de 40 a 50 años.

Los aspirantes que provengan de la Carrera Judicial es requisito haberse desempeñado por lo menos diez años efectivos como magistrado titular.

Para el caso de los aspirantes externos a la Carrera Judicial es requisito haber ejercido la profesión de abogado, fiscal o abogado de instituciones del Estado por más de quince años.

CORTE DE APELACIONES
Se reforma el artículo 217 sobre los requisitos para los magistrados de la Corte de Apelaciones.

Se eleva la edad para optar al cargo de 35 a 49 años.

Se deja fuera profesionales que no sean parte de la carrera judicial, ya que establece como requisito haber sido juez de primera instancia por un período no menor de cinco años.

Producida una vacante, el Consejo de la Carrera Judicial procederá a la selección y nombramiento respectivo de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Judicial.

Se reforma el artículo 222 sobre las suplencias de las Cortes del Organismo Judicial:

Los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones serán suplidos por otros jueces o magistrados de igual categoría y de la misma especialidad cumpliendo los mismos requisitos que los titulares para ingresar y pertenecer a la Carrera Judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades.

MINISTERIO PÚBLICO
Se reforma el artículo 251 sobre el Ministerio Público (MP) y el Fiscal General.

Se establece como requisito para optar al cargo contar por lo menos con diez años de experiencia comprobable en materia penal como fiscal, juez, magistrado o abogado litigante.

El Fiscal General será nombrado por el Presidente de la República, de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial.

Amplía el mandato del Fiscal General de 4 a 6 años y elimina la reelección sucesiva.

El Fiscal General podrá ser removido en caso de comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

Se crea la carrera fiscal.

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Se reforma el artículo 269 sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Agrega cuatro magistrados a la integración de la CC, para un total de nueve magistrados, incluyendo a su presidente.

La CC se organizará en las cámaras que la misma determine, según el acuerdo que para el efecto emita. Cada cámara deberá elegir a su presidente.

Se amplía el tiempo del mandato de los magistrados de 5 a 9 años

Los magistrados serán designados en la siguiente forma:
a) Tres magistrados por el pleno del Congreso de la República, por mayoría absoluta de sus miembros;
b) Tres magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por mayoría absoluta de sus miembros;
c) Tres magistrados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Se reforma el artículo 270 sobre los requisitos para ser magistrado de la CC:

Establece una edad mínima de 50 años para optar al cargo.

Establece como requisito haber ejercido la profesión de abogado por lo menos durante quince años, o bien haber desempeñado el cargo de magistrado por lo menos durante diez años.

Se reforma el artículo 271 sobre la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad, indicando que la misma será desempeñada por los magistrados que la integran, en forma rotativa, en periodos de dos años, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades.

OTRAS REFORMAS:
Adiciona el artículo 154 BIS, sobre el antejuicio.

El antejuicio es la garantía de que gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, salvo el caso de flagrancia.

Esta garantía tiene como objetivo preservar la función pública y que las potestades de que están investidos los dignatarios y funcionarios públicos no se vean interrumpidas injustificadamente con menoscabo de la continuidad y eficiencia de tales funciones; y viabiliza la persecución penal en los casos en que existe mérito para ello.

Gozan de antejuicio los siguientes funcionarios:

1. Presidente y Vicepresidente de la República.
2. Diputados al Congreso de la República.
3. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
4. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
5. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
6. Ministros de Estado.
7. Viceministros cuando estén encargados del despacho.
8. Secretario General y Secretario Privado, de la Presidencia de la República.
9. Procurador de los Derechos Humanos.
10. Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
11. Procurador General de la Nación.
12. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente.
13. Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones.
14. Jueces integrantes del Organismo Judicial.
15. Contralor General de Cuentas.

Se reforma el artículo 219 sobre los tribunales militares, estableciendo que estos solo podrán conocer de los delitos o faltas de naturaleza estrictamente militar, tipificados en el Código Militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares.

Se adiciona el artículo 222 BIS, garantizando la asistencia legal gratuita.

“Las leyes regularán el derecho a la asistencia legal gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla. En materia penal, la defensa legal se prestará obligatoriamente a quienes determine la ley de materia”.

Se reforma el artículo 227 sobre los Gobernadores, eliminando las inmunidades de las que ahora gozan.

CONGRESO TENDRÁ REFORMAS EN SUS MANOS
En la iniciativa se establece que dentro del primer año del inicio de la vigencia de las reformas constitucionales, el Congreso de la República deberá aprobar las siguientes leyes

a) Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, incluyendo procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de apelaciones y tribunales de igual categoría; Consejo de la Carrera Judicial, procedimientos de evaluación que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de la misma; mecanismos de responsabilidad del ejercicio de la judicatura, incluyendo régimen disciplinario, así como los demás aspectos establecidos en la presente reforma.
b) Reformas a la Ley del Organismo Judicial, incluyendo los aspectos contemplados en la reforma.
c) Reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, incluyendo procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
d) Reformas al Código Penal, para la tipificación del delito de violación a la independencia judicial de conformidad con la reforma al artículo 203 de esta Constitución.
e) El Código Militar.


Taracena: reformas no son el agua azucarada

POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt

El presidente del Congreso, Mario Taracena, que participará hoy en la presentación del proyecto de reformas constitucionales para el sector justicia, dijo que estas no “son el agua azucarada” porque son de conocimiento de la mayoría de movimientos sociales quienes desde hace 10 años han venido impulsando estos cambios.

El también diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza afirmó que una vez presentada la propuesta, el Congreso empezará a entregar el documento a los Jefes de Bloque para que comiencen a socializarla entre sus congresistas, que deberán avalar las enmiendas antes de someterlas a consulta popular.

De acuerdo con Taracena, el proceso se daría a partir de la próxima semana.

  • JUAN FRANCISCO

    van a fundar un poder de justicia sobre el ente que ya lo tenía. es prácticamente un golpe de estado técnico dentro del OJ. bueno, malo. conveniente para quien? El ciudadano honrado de a pies solamente le importa JUSTICIA PRONTA, CUMPLIDA EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

  • JUAN FRANCISCO

    los magistrados y jueces van a tener asegurado”chance” por 12 años, es una semidictadura judicial

  • JUAN FRANCISCO

    Es un arrebato institucional de poder que deja fuera a la USAC y al CANG

  • JUAN FRANCISCO

    Las comisiones de postulación quedan fuera

  • JUAN FRANCISCO

    En el OJ se dejará de tener como forma de gobierno el republicanismo y la democracia ahora será una forma de oligarquía llamada GERONTOCRACIA.

  • Eufrates Garcia

    Nada de ANTEJUICIOS, INMUNIDADES, FUERO MILITAR. Una vez se tienen indicios de que existen los desfalcos, robos, saqueos, transas lo que es IMPERATIVO es la DESTITUCION INMEDIATA y la CONSIGNACION A LOS TRIBUNALES. Actualmente aun estando “presos”? les siguen pagando sueldos y hasta les pagan a los tracalas de abotransas que los “defienden”?. Estos “cambios” no nada mas de cuambiar de trucos y seguir con el juego: a donde quedo la bolita?. Como dice la hiena taracena: Estamos satisfechos con el “sistema”? que es “democratica y functional”. A esa hiena y sus secuaces, complices se les manda a saludar a sus paridoras.

    • JUAN FRANCISCO

      Comprendo el sentir ante la corrupción sin embargo
      1. Con indicios no se puede detener ni ligar a proceso a una persona. el único caso en que podría detenerse ipso facto a un funcionario por un ilícito es la flagrancia, de lo contrario tiene que pasar por el proceso penal correspondiente.
      2. incluso para los ciudadanos que no gozamos de ese blindaje con un indicio no nos pueden procesar penalmente.
      3. de plano lo sabe pero el antejuicio no es para la persona que ejercita el cargo sino para la protección institucional del cargo mismo.

  • Sundance.

    Un solo di puta do por departamento y sin goce de sueldo,van a ver como salen todas esas ratas de ese antro de corrupcion.

Comentarios