MAGISTRADO HABLA DE RETOS EN FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Presidente de TSE: En el sistema electoral la mayor preocupación es el financiamiento

Por Kimberly López
klopez@lahora.com.gt

El presidente recién designado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Aguilar Elizardi, habló con La Hora de su percepción sobre debilidades y fortalezas del actual sistema electoral y de partidos políticos. Aguilar Elizardi se refirió a la necesidad de profundizar en la fiscalización de partidos políticos para garantizar un proceso electoral (que está muy próximo) transparente. Sin embargo, reconoció que existen retos que se deben enfrentar.

¿Qué opinión tiene de la situación en la que se encuentra el actual sistema electoral y de partidos políticos?

Bueno, vamos por partes. El sistema trata de ordenar a las organizaciones políticas, a la sociedad dentro de un sistema democrático, para llevar autoridades a dirigir los destinos de una nación. En cuanto a los partidos políticos, lo que se pretende es que estos sigan determinadas normas que se establecen en la ley electoral de acuerdo a un sistema político. Aquí es un sistema democrático representativo, entonces la ley vigente lo que ha reforzado de manera especial es la fiscalización de los partidos políticos.

Creo que la reforma dio bastantes instrumentos y medios al Tribunal para poderlos fiscalizar, aunque en la práctica pueden darse ciertas dificultades, pero creemos que las vamos a superar. Lo otro es en cuanto a los medios que, aunque la normativa actual también tiene bastantes avances tenemos el conocimiento de que también existe una oposición a esa normativa. Hay un recurso de inconstitucionalidad que a mi juicio, si ciertas normas que son el punto toral de esa reforma, la declaran inconstitucional volvemos a lo mismo, a que los partidos políticos van a poder contratar directamente su propaganda electoral y con ello retrocedemos otra vez al poco control que se va tener del aporte dinerario y no dinerario que pueda venir de diferentes fuentes, específicamente, del crimen organizado y del narcotráfico.

¿Usted habla de que con esta inconstitucionalidad se retrocedería a lo mismo y los partidos podrían controlar su propaganda?

Lo que se persigue es que no sea el tribunal el que paute ni que distribuya los espacios y tiempos, entonces esa norma, al declararse inconstitucional, dejaría en libertad a que los partidos lo hagan directamente, entonces requieren de cierto financiamiento.

¿Y cuál es el riesgo de que requiera cierto financiamiento?

Es el que le dije, el origen de donde pueda provenir y que no se pueda controlar aunque tengamos la unidad especializada de fiscalización. Se vería un poco afectada esa unidad aunque sí podría hacerse, pero con más dificultad.

Es decir, ¿respecto al sistema electoral la principal preocupación es el financiamiento?
Sí.

En cuanto al sistema electoral, ¿qué podemos decir de sus fortalezas y debilidades? Usted decía que con estas reformas tienen más herramientas para fiscalizar, pero aún siguen teniendo debilidades.

Obviamente algo perfecto nunca vamos a tener y, no obstante, con esas nuevas herramientas que tenemos alguna debilidad que se podría tener es el presupuesto para poderlo cubrir porque como es tan amplio lo que hay que hacer. En la normativa nos ordenaron crear esas dos unidades. La democracia es cara, imagínese si el TSE es el que va contratar las pautas y tiene destinado un 0.25 del presupuesto nacional, la pregunta es si van a asignar ese presupuesto.

¿Y ya hicieron alguna solicitud de ampliación presupuestaria?

En eso estamos, porque lo tienen que aprobar, ahora estamos haciendo el plan electoral y también el plan anual.

En los últimos meses se ha dado a conocer una serie de casos que involucran a partidos en financiamiento electoral. En toda esa dinámica, ¿es oportuno señalar que hubo alguna responsabilidad del TSE en no percatarse de eso o no llegar al punto de identificar esas anomalías?

Fíjese que realmente la normativa que existía anteriormente sí tenía muchas limitantes y porque también hay que hacer una diferenciación en cuanto a las auditorías que practica el TSE como auditoría electoral y la investigación que hace el Ministerio Público. Entonces utilizan otros instrumentos, utilizan los peritajes especiales, serían auditorías especiales, ellos tienen más amplitud y cobertura. Por ejemplo, como andan investigando hechos criminales la ley los faculta para pedir información no solo a las instituciones públicas sino también a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, tener acceso a las contabilidades de las personas individuales, algo que no puede hacer el TSE. Entonces la naturaleza de las investigaciones administrativas de una auditoría electoral, es muy distinta a una investigación penal.

Hubo hechos que escapaban a nosotros poderlos establecer, la ventaja que tenemos ahora es que como existe un convenio con las entidades del Estado en donde podemos cruzar cierta información, esto va a permitir al TSE tomar ciertas actitudes para buscar determinada información. Eso lo va hacer la unidad especializada de fiscalización a través de la cooperación técnica que nos van a dar las instituciones.

Tomando en cuenta la nueva ley electoral y que estamos a las puertas de un proceso electoral, ¿qué se puede esperar en estas elecciones, si últimamente hay mucho desencanto hacia los partidos políticos?

El TSE va hacer todo su esfuerzo, nos estamos preparando, y capacitando para hacer efectiva la normativa que tenemos y que nos permite llegar a lo más profundo de la fiscalización que se pueda hacer en las contabilidades de partidos políticos. Yo creo que con toda la coyuntura que se ha llevado y que ha rebasado lo administrativo y que también ha llegado a instancias penales, puede ser algo que pueda coadyuvar para que los partidos en algunos casos no sean renuentes a que el TSE haga su trabajo y pueda fiscalizar correctamente. Es más, como la normativa permite que ellos mensualmente estén mandando informes, ahora se garantiza no solo la transparencia de los partidos sino que el tribunal pueda realizar mejor su trabajo.

Hay una propuesta que se presentó ante el Tribunal para regular el papel de las redes sociales en toda propaganda de partidos. Las reformas actuales no llegan a ese tema y son plataformas que se están utilizando para esos fines.

Ese es un tema de alta tensión porque, en primer lugar, en Guatemala no existe ninguna ley a nivel del Legislativo que esté regulando las redes sociales. Yo no soy experto en esa materia, pero según la información que he recabado, resulta un tanto dificultoso y arriesgado poder regular las redes sociales. Por ejemplo, una de las plataformas como Facebook, cómo van a aceptar normas. Lo primero que van a decir es que estamos censurando la libre emisión de pensamiento, entonces, controlarla y normarla lo veo bastante complicado y puede causar problemas.

¿Pero usted comparte el hecho de que estas plataformas se están utilizando para fines de propaganda?

Si se está utilizando, se puede usar de buena intención, pero también perversamente y la puede utilizar algún simpatizante a favor o en contra, para hacer campaña negra. Es difícil, es bastante complejo, imagínese cómo detener a las personas o impedirle que emita una opinión a través de redes sociales. Es bastante complejo.

Actualmente el Congreso discute reformas en torno al sistema electoral, ¿qué opina al respecto? En algún momento, el TSE presentó una propuesta.

Realmente de nuestra propuesta nada tomaron en cuenta. Lo que sucede en el momento en que se estaba haciendo la reforma, los diversos grupos sociales, entidades, tanques de pensamiento, sociedad civil no solo comparecieron al Congreso sino que venían con nosotros porque sabían que estábamos trabajando en una propuesta, entonces estuvieron filtrando las propuestas y algunas cosas que fueron aceptadas por nosotros, al final el Congreso lo que hizo fue acelerar su reforma. Ellos sí vinieron con nosotros a platicar y les dimos nuestro punto de vista, pero llevábamos proyectos paralelos, pero ellos los aceleraron más y cuando presentamos nuestro proyecto, en lectura rápida quemaron el tiempo y aprobaron el proyecto de ellos para no entrar a conocer el nuestro.

El nuestro ahí está y tengo entendido que el Presidente de la Comisión habló con la magistrada María Eugenia Mijangos (anterior presidenta del TSE), porque tratan de promoverla y presentarla y llevarla al pleno. También ya platicó conmigo.

Nuestra propuesta se está analizando, pero no sé si va pasar. Yo lo que veo es resistencia a entrar al fondo de la democratización interna de los partidos, le temen a la participación ciudadana. No sé por qué, pero en el nuevo proyecto eliminaron un artículo de participación ciudadana que es importantísimo. La inclusión y la paridad no son normas que no van a aceptar, a mi juicio.

¿Qué temas va a priorizar en su gestión como presidente del Tribunal?

Le voy a ser honesto, en Guatemala por costumbre se ve a los presidentes de las instituciones como los hacedores de todo, realmente lo que ocurre es que siempre existe un órgano colegiado y aquí, es el pleno de magistrados. El pleno es el que toma las decisiones sustanciales. El Presidente toma la administración y jerárquicamente el Presidente está debajo del pleno.

Qué proyectos tengo yo, personales, ninguno, institucionales sí. Yo trabajo institucionalmente y desde que entramos pienso que algunas cosas se han hecho. La mayoría se ha hecho bien, pero en este momento lo que nos preocupa al pleno es poner en marcha, afinar esas dos nuevas unidades (de fiscalización y medios de comunicación), que existan cuentas claras en los partidos y el voto en el extranjero. La idea es preparar con la mayor precisión, claridad y transparencia el proceso electoral. Eso lo tenemos que hacer en conjunto con el pleno de magistrados.

¿Cómo va la implementación del voto en el extranjero?

Ya tenemos organizado un macro proyecto con diversas entidades que nos están apoyando.

¿Se están avocando a migrantes?

No, es que primero tenemos que arreglarlo todo aquí en la casa. Entonces tenemos una mesa técnica donde están incluidos organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cooperando con nosotros. Tenemos un fondo de aproximadamente 4 millones, tenemos que instituir una plataforma enorme que nos va permitir crear sistemas. La inversión es fuerte al principio y pensamos que como es gradual, al principio se va hacer electrónicamente y también nos vamos a enrolar de forma electrónica. Todo el plan ya se está llevando a cabo, tenemos una mesa técnica que lo está elaborando. El año pasado hicimos una prueba por teléfono para ver cómo funcionaba y funcionó bien, pero son pruebas pequeñas, para dar seguridad y certeza a la secretividad del voto, que es lo más importante.

Primero tenemos que saber cuántas personas en el extranjero tienen DPI y de qué países, pero de todos es conocido que la mayoría de connacionales residen en Norteamérica.

¿Sería prioridad empezar por ahí?

No lo hemos decidido, pero sería el primer paso y hacerlo en forma electrónica porque como ha cambiado la coyuntura yo tengo una percepción. Fíjese que de todos los connacionales en EE. UU. ante el temor de que los puedan deportar van a tener temor de hacer concentraciones. Ahora imagínese que les digamos que vayan a la embajada para tener su documento o empadronarse, la gente lo va pensar dos veces. La gente sabe que corre un alto riesgo de que los envíen de vuelta. Es complejo, por eso es mejor de forma electrónica.

Y es que un voto presencial implica que hay que llevar gente de aquí para allá y como tenemos experiencias que nos han contado otros países como México, que es un monstruo de un padrón de 80 millones, tenemos de ejemplo esa experiencia. De ese padrón fueron a votar creo que 40 mil personas, no lo tengo presente pero es poco. Entonces salió el valor de cada voto en mil 600 dólares. Sale caro el voto.

¿Cómo ha avanzado el análisis del caso de FCN?

Según Aguilar, el proceso de análisis de cancelación del partido oficial requiere de una evaluación detallada y compleja, que tomará un tiempo considerable. Es decir, los magistrados continúan en el trabajo de análisis de la solicitud que realizó el Ministerio Público (MP), pidiendo la cancelación de dicha organización política.

“Cuánto tiempo se llevó el ente investigador para formar eso (el expediente que ahora analiza el TSE), no fueron dos semanas, empezaron en enero, bueno un poco antes, pero ahora ya estoy leyendo las copias, ya lo terminé de leer. El tiempo que ellos se llevaron fue largo, solo los audios que tenemos son de dos o tres horas. Hay que verlo todo para poder encajarlo bien. Es un trabajo complejo”, explicó.