Magnitsky Act – Medicina contra la corrupción

Claudia Escobar

claudiaescobarm@alumni.harvard.edu

Es juez guatemalteca, reconocida internacionalmente por su labor en contra de la corrupción. Recibió el reconocimiento “Democracy Award”. Escobar ha sido fellowen la Universidad de Harvard y Georgetown University.  Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona; Abogada por la Universidad Francisco Marroquín. También tiene estudios en ciencias políticas de Louisiana State University

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Claudia Escobar

La Ley conocida como la Magnitsky Act es considerada -técnicamente- como una ley que protege los Derechos Humanos. Originalmente fue una normativa aprobada por Estados Unidos (2012) para revocar o denegar visas e imponer sanciones económicas a los funcionarios rusos responsables de la persecución y de la muerte del abogado Sergi Magnitsky. También podía aplicarse a quienes violaran los derechos de activistas de derechos humanos y a quienes tomaran represalias en contra de personas que denunciaran actividades ilegales o actos de corrupción de funcionarios rusos.

En el año 2016 la Magnistky Act fue ampliada para que se pudiera aplicar a ciudadanos de cualquier nacionalidad, es así como surge la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act – S. 284. Las sanciones que conlleva esa regulación han sido impuestas a 44 personas sospechosas de violar derechos humanos en diversas partes del mundo. Para algunos dicha ley es una medicina efectiva contra la corrupción, ya que puede ser utilizada para castigar a quienes promueven o se benefician de la misma.

Recientemente un grupo de congresistas de Estados Unidos -republicanos y demócratas- solicitó al Presidente de su país que la Ley Global Magnitsky se implemente en contra de personas que han sido vinculadas con casos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Entre los guatemaltecos se menciona a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y a Luis Alberto Mendizábal Barrutia. El primero se encuentra en prisión enfrentando diversos cargos por acciones delictivas relacionadas con la corrupción. Mientras el segundo es prófugo de la justicia desde el año 2015, cuando se dieron a conocer los primeros nombres de personajes relacionados con el Caso La Línea. También se pidió que la ley se aplique al mexicano Remigio Ángel González conocido ampliamente por influir indebidamente en las elecciones de autoridades en la región.

El gobierno de Estados Unidos entiende los efectos de la corrupción, dijo el embajador Todd Robinson en una conferencia esta semana en CSIS. Tienen claro que los temas de seguridad como el terrorismo, el tráfico de armas, de drogas y la migración ilegal son alimentados por la corrupción que fomenta a funcionarios que aceptan dinero a cambio de mirar hacia otro lado e ignorar la situación.

Según la organización Human Rights Watch, la ley Global Magnitsky puede ser un elemento de disuasión para los criminales de cuello blanco, pues obliga a los funcionarios de otros países a limitar el uso de violencia y a abstenerse de cometer actos de corrupción por considerar las repercusiones que conlleva el que se implemente la normativa en su contra. A la vez, proporciona incentivos a los gobiernos extranjeros para mejorar sus propios mecanismos de rendición de cuentas.

Entre los funcionarios estadounidenses que pueden sugerir sanciones al Presidente se encuentran los siguientes: Secretario de Estado adjunto de democracia, derechos humanos y trabajo; El Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como el Comité de Servicios Financieros y el Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes. Para determinar si se deben imponer sanciones, el Presidente también puede solicitar información fidedigna a otros países u organizaciones no gubernamentales que monitorean violaciones de derechos humanos. En la práctica, la decisión de llevar a cabo las sanciones es tomada conjuntamente por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

Aunque la Global Magnitsky Act es una ley relativamente nueva, su aplicación práctica ofrece una oportunidad para que las organizaciones de sociedad civil que tratan temas de anticorrupción promuevan ante el gobierno de los Estados Unidos que se incluya a más funcionarios corruptos.