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La inquisición de un libro

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La inquisición de un libro

Alfonso Mata

El día 23 de mayo el editorial de “La Hora” nos presentó el caso del coronel Rubio llamado a comparecer ante un tribunal de honor del ejército por una falta ¿Cuál? Aparentemente la escritura de un libro en que protesta con energía contra quienes denigran la condición de su institución, generando un polémico texto que a unos gusta y a otros no.

No es éste el espacio para entrar en análisis de pormenores y veracidad de las ideas y hechos narrados en el libro por el autor, sino de señalar sobre la posibilidad concreta de enjuiciar un acto que pertenece a un derecho de cualquier ciudadano “hablar y escribir”. La dificultad estriba en determinar cuál pudo ser el móvil de ese llamado, que no resulta fácil adivinarlo. La Constitución es ley suprema y ésta dice y señala la libertad de expresión y su mandato solo seguirá siendo eficaz, en la medida en que lleve consigo una generalidad sin excepción ¿Quién garantizará, sin embargo, esa libertad? La respuesta no es menos fácil de encontrar, pero no hay ninguna norma que permita y menos que obligue a cesión de derechos ni a persona ni a institución alguna, a menos de que legalmente escape al control del Estado. La pregunta es entonces ¿El ejército lo es?

Supongamos una situación extrema en el contenido del libro: la compatibilidad de la libertad individual de expresión con la seguridad estatal, ¿quién la debe juzgar y emitir sanción? En cualquier caso, el responsable es el Estado, el legislativo. Por consiguiente, un tema como este, dejarlo en manos de una institución a la que no le corresponde dictar justicia (si al caso presentar querella) es dejar completamente inerme e impotente al propio Estado, dividirlo.

Hay otro elemento a considerar en este caso; es entendible y de hecho creíble por todos, que los ciudadanos no dejan de ser tales y de gozar de sus derechos y obligaciones, al formar parte de una institución, sino que siguen teniendo su misma naturaleza, sus mismos derechos y su propio criterio. De no ser así, no somos iguales. Si claudicamos o perdemos derechos al estar en ciertas instituciones ¿no es estar sobre el Estado? Pero, ¿es realmente posible ese fallo o pecado? Supongamos que hay violación al secreto de Estado, esto solo se puede entender si lo escrito se refiere y expone riesgo ante otros Estados, pero nunca la propia opinión de los ciudadanos puede serlo, ya que eso es hacerlos enemigos o esclavos a éstos.

Estamos pues ante un caso de relación entre derecho y poder, no es éste el lugar de entrar en tan interesante como complejo debate, pero sí de llamar la atención a la ciudadanía para su seguimiento y, lo que se aprende con este caso, lo que es delicada cuestión, es definir con exactitud, qué tipo de poder constituye el derecho y qué tipo de pacto constituye la democracia de las instituciones, como esencia misma del Estado.

Lo que hay descrito en el libro de Rubio es un pueblo, su ejército, sus poderes entrelazados, los lazos de injusticias e incomprensiones, que llenan sus hojas las cuales reflejan una lucha por la libertad y la integridad y ante eso me viene a la memoria otro autor, Casandsakis, a quien le fueron condenados sus libros tanto por la iglesia católica como la ortodoxa y también por parte de su gobierno. Acontecimiento que sucedió haya por los cincuenta y cuyo caso incluso fue ventilado en el parlamento griego y vienen a propósito las palabras del autor ante la condena “Yo os doy mi bendición, os deseo que vuestra conciencia esté tan limpia como la mía y que seáis tan éticos y religiosos como yo”.

El caso del señor Rubio como el de Casandsakis en su momento, debe interesar a la opinión pública, es un problema de derechos y persecución contra alguien, que cumple no solo con su institución sino con su patria y eso en un país como el nuestro, de incipiente democracia, más que condenable debe ser loable, nos guste o no, lo que Rubio haya escrito.

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