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Fiscal General habla de antejuicio, amparos y reformas

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Fiscal General habla de antejuicio, amparos y reformas

POR DENIS AGUILAR
daguilar@lahora.com.gt

La fiscal general y jefa el Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, se refirió hoy al tema del antejuicio, también habló sobre la aplicación de los amparos y de las reformas que mencionó ayer el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Aldana fue consultada luego de que ayer Velásquez señalara que se deben reformar al menos 10 leyes para erradicar a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y evitar su reaparición. Además, aseguró que es parte del mandato de la CICIG proponer reformas que promuevan cambios al sistema.

“Si revisamos el mandato de la CICIG contenido en el acuerdo celebrado entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, efectivamente es una de las funciones de la Comisión proponer reformas para fortalecer la lucha contra los CIACS”, explicó Aldana.

En ese sentido, indicó que las propuestas que planteará la CICIG, evitarían que dichas estructuras criminales reaparezcan dentro del aparato estatal.

ANTEJUICIO NO DEBERÍA EXISTIR

Aldana también se refirió al derecho de antejuicio que gozan algunos funcionarios, considerando que este beneficio no debería utilizarse en Guatemala, ya que representa un obstáculo para la justicia.

“El antejuicio no debería existir en Guatemala porque todos los ciudadanos somos iguales. Se convierte en un obstáculo para la investigación, se convierte en un obstáculo a la averiguación de la verdad, en todo caso regularlo para facilitar una investigación preliminar”, comentó.

Cabe resaltar, que entre las reformas que mencionó el comisionado Iván Velásquez se contemplan modificaciones a la Ley de Antejuicio, entre otras modificaciones que pretenden erradicar los CIACS.

A la vez, hizo referencia a una reforma de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual considera que se ha convertido en una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria, cuando debería ser un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Hay algunos procedimientos que no permiten a jueces en materia de amparo decidir o resolver y esto genera un atraso importante que a su vez repercute en el daño de los procesos, en nuestro caso en los procesos penales, de tal manera que la reforma a la Ley de Amparo debe de ir encaminada a agilizar el trámite de los procesos y acciones de amparo”, manifestó.

INSTITUCIONES DEL ESTADO ESTÁN OPUESTOS A PROPUESTAS DE CICIG

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señala que las propuestas que mencionó ayer el comisionado Iván Velásquez llegan en un momento poco oportuno, debido a que desde el Ejecutivo y el Legislativo se han opuesto a los cambios en los que ha colaborado la CICIG.

“Ojalá que pudiera haber un cambio de actitud de recibir las propuestas o valorarlas y poner en práctica todo aquello que sea de beneficio para el país, pero estamos viendo que todo aquello que tiene olor y sabor a CICIG está siendo rechazado”, manifestó.

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