Lo único que nos falta es que se le permita a un asesino juzgar las extorsiones del marero y a un secuestrador la violencia doméstica. Es, sinceramente, hacer un pastel con la misma receta, cocinarlo y comerlo juntos sabiendo que se están hartando el control absoluto de un sistema que debemos dejar de llamar de justicia para llamarlo de impunidad.
Y no es que sea una ingeniosa idea, porque lo que sucede es que esto no es más ni menos que la lógica inercia de los comisionados que al ser los operadores perfectos de los verdaderos dueños del circo son utilizados en todos los puestos tantas veces como la ciudadanía y los sectores de influencia en la sociedad permitan.
Es una lástima que ahora se presentan recursos ante una Corte de Constitucionalidad de la que el magistrado Héctor Pérez Aguilera es miembro, lo que no le impidió reunirse descaradamente con quienes están siendo acusados de hacer la manipulación de los listados para las comisiones. Otra vez, ¡Juez y parte!
Sería no solamente conveniente, sino necesario, que Pérez Aguilera se excuse para no dejar tan abrumadora evidencia de que está pagando los favores de los mismos sectores que lo colocaron; queda duda razonable de si lo manipularon desde la época en que fue Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. La Corte de Constitucionalidad ya no tiene mucho prestigio que andar empeñando como para prestarse a esos juegos.
Pero lo más triste, es que seguimos dependiendo como sociedad del trabajo de pocos para defender los intereses de muchos, porque la ciudadanía en general se queda con los brazos cruzados ante los actos que vienen a condenarnos a seguir, no en las mismas, sino peor porque se avanza en el camino al control de los poderes institucionales del Estado.
Este tipo de hechos es una muestra más del descaro y de la desfachatez con que los comisionados nos demuestran que pueden hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando cumplan con el mandato que han recibido de parte de los “patrones”. Qué organizados que son quienes controlan la impunidad.
