La forma en que funcionarios venales negociaron para ceder a chantajes de algunos sindicatos de trabajadores del Estado sin tomar en cuenta la viabilidad de las condiciones salariales pactadas se convierte en un asunto de Estado que amerita un serio debate en el que, reconociendo el derecho de los trabajadores a tener salarios dignos, se concilie ese derecho con el que tiene el país a una sanidad financiera que nos evite en el futuro la necesidad de adopción de medidas que afecten económicamente a toda la población.
Podemos usar el caso de Grecia como ilustración y el de todos los países que han caído en situaciones de insolvencia. Grecia llegó a tener un muy beneficioso plan de pensiones para la población que al jubilarse recibía prestaciones que les permitieron vivir bien, pero los planes eran insostenibles porque carecían de fuente de financiamiento y ahora que Grecia tiene que renegociar los términos de su deuda, los acreedores exigen que se hagan serias modificaciones a planes de beneficio social con recortes que serán muy duros para los griegos y que afectarán especialmente a los que a partir de ahora quieran acogerse al plan de retiro.
Era una conquista social importante y, vista desde la perspectiva de los derechos laborales, sobrepasaba cualquier aspiración que fuera basada en un criterio básico que es el de la sostenibilidad financiera. En Guatemala no hace mucho pasó con el plan de prestaciones de la Universidad de San Carlos que tuvo que ser revisado porque puso en peligro las finanzas de la Universidad.
Lo mismo pasa con un país que se compromete no sólo a pagar exorbitantes beneficios a la dirigencia sindical, sino que, además, se amarra para hacer aumentos cada año que no tienen que ver con el ritmo inflacionario ni con capacidad de pago, sino que se acepta, por ejemplo, que cada año se aumenten los sueldos en diez por ciento, lo cual hace que cada diez años se duplique la planilla. Ninguna empresa en el mundo podría sobrevivir a acuerdos suscritos de forma irresponsable por ejecutivos que no tomen en cuenta la capacidad de generación de ingresos para cubrir tales compromisos.
En La Hora respetamos la labor de los servidores públicos que trabajan al servicio de la comunidad y sabemos que merecen una digna remuneración, pero repudiamos las maniobras de grupos que venden el movimiento sindical con compromisos políticos y que se asocian a políticos incapaces e inescrupulosos que firman sin ver, menos analizar, las consecuencias de esas decisiones que nunca fueron consultadas con Finanzas.
