La ley es fundamental para regular la vida en sociedad pero cuando se cometen abusos y excesos, se convierte en valladar para proteger a los que se encargan de aprovechar sus vericuetos para su propio beneficio y perjuicio de la comunidad. Eso pasa ahora con la Constitución que protege a los corruptos y pasa también con la ley laboral que beneficia a los sindicalistas que se aprovecharon de la venalidad e incapacidad de funcionarios del Estado para suscribir pactos que acumulan año con año mayores ventajas a los trabajadores y sus dirigentes, en perjuicio de, por ejemplo, los enfermos, la niñez y la juventud.
Todo derecho adquirido en el plano laboral es consagrado por la ley como irrenunciable y que no se puede disminuir bajo ninguna circunstancia. Los ministros de Salud y Educación que suscribieron los pactos colectivos con los sindicatos nunca se detuvieron a pensar si los mismos eran sostenibles financieramente. En casi todas las instancias públicas pasa lo mismo y presidentes del Congreso o del Banco de Guatemala han firmado pactos que implican la quiebra financiera del país porque llegará el día en que aunque se destinaran todos los impuestos a honrar esos pactos, no va a alcanzar el dinero.
La ley nos amarra y obliga a que el secretario general del sindicato de Salud gane casi tanto como el ministro y goce de mayores beneficios porque es, además, inamovible. Lo mismo para don Joviel, y ambos tienen hasta derecho a guardaespaldas y vehículos del ministerio para el que no trabajan porque ni Lara ni Acevedo mueven un dedo por un paciente, el primero, o por un alumno, el segundo.
Si a eso sumamos, por ejemplo, el subsidio al transporte que es otro pacto político de los gobiernos con grupos de presión y poder, entenderemos por qué los hospitales están desabastecidos, los enfermos no reciben atención ni los estudiantes logran educación digna de tal nombre. Súmele, además, lo que se roban personajes como la señora Baldetti y váyase a ver los informes de desarrollo humano que nos ponen a la cola del mundo y entenderá la causa de por qué Guatemala, país rico, está como está.
Y entre inmunidades, Constitución y leyes laborales, la ley que debiera buscar el bien común, se convierte en parapeto de los que juegan a la corrupción y se benefician de ella. ¿Qué hacer como ciudadanos frente a ese problema si la CC dirá que ni los diputados pueden ser depurados ni los pactos colectivos denunciados? Nos queda rezar y pedir que Dios nos agarre confesados.
