Una bizarra interpretación del Código Municipal ha llevado a algunos sectores a cuestionar la participación como candidato del actual Alcalde capitalino y hasta se llega al colmo de que una competidora suya, abogada entre otras cosas, haya planteado a la autoridad competente que no inscriba la candidatura de Arzú porque cumplirá 70 años en marzo próximo y, según esa candidata, se vería obligado a renunciar al llegar a esa edad.

Empezamos por aclarar que consideramos un desastre para la ciudad el gobierno municipal de Arzú, pero ello no significa que deba retorcerse la ley, desde ningún punto de vista. Ocurre que el Código Municipal establece que los cargos de síndico y concejal son gratuitos y obligatorios, es decir que ningún vecino electo puede renunciar al puesto sin causa justificada. Y entre las causas que pueden esgrimirse para renunciar a un puesto que por ley se debe desempeñar obligatoriamente, está el alcanzar la edad de 70 años, pero eso significa únicamente que ese puede ser uno de los factores para justificar una renuncia.

No asombra el desconocimiento ni la torpeza legal porque se trata de gente que en realidad ha demostrado que no tiene criterio jurídico. El mayor orgullo que tiene en su vida profesional la abogada Anabella de León, además de presumir de haberle hecho su tesis al licenciado Oscar Berger, es haber estado en el Registro de la Propiedad Inmueble en donde cometió lo que podríamos llamar errores gruesos en materia registral. Evidentemente, con este caso, se muestra que su forma de interpretar las leyes es, para decirlo suavemente, patética.

Arzú ha dirigido un gobierno municipal ineficiente en el que no se han atendido los principales problemas de la ciudad. Para empezar se considera muy superior a los alcaldes de los municipios vecinos y por ello no ha permitido que se pueda avanzar en la necesaria integración del Área Metropolitana como lo manda la Constitución. Además, maneja los fideicomisos a su sabor y antojo, siendo una de las muestras de cómo la corrupción está generalizada en toda la administración pública y en el sistema nacional.

Posiblemente la maquinaria electoral clientelar que ha utilizado durante tantos años vuelva a funcionar para mayor INRI de la ciudad, pero a pesar de ello no se puede recurrir a manipulaciones leguleyas para ponerle fin a su gestión.
Al final de cuentas la responsabilidad es de los electores capitalinos que si quieren seguir matándose por propia mano es cosa de ellos. Pero la burrada de impugnarlo porque cumplirá 70 años no tiene sentido ni cabida.

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