Ayer en el Congreso se volvió a dar una muestra de lo poco que le importa a los diputados el interés de la población por depurar el sistema político del país. Sorpresivamente y sin siquiera presentar la hoja de vida del candidato, fue propuesto y electo por una aplanadora el desconocido abogado Manuel Duarte como el nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad que ha de sustituir a Alejandro Maldonado Aguirre luego de que éste fuera nombrado Vicepresidente de la República, decisión que resulta crucial dadas las condiciones que se están viviendo en el país y que puede tener profundas implicaciones en el desarrollo de cualquier esfuerzo por cambiar las condiciones de un sistema cooptado por la corrupción y la impunidad.
La Corte de Constitucionalidad ha quedado expuesta y en el ojo del huracán por la forma política en que ha resuelto algunos casos obviando las consideraciones de orden jurídico; la vacante dejada por Maldonado Aguirre dejó expuesta a la mayoría politizada, tal y como se vio esta semana con los fallos que denegaron amparos provisionales con el tema del antejuicio, y por ello es que salta a la vista que la urgencia por elegir a un abogado sin mayores credenciales y que era desconocido para casi todos los diputados, tiene todo el viso de ser una jugada política que pretende recuperar el control que se mantuvo sobre las decisiones de la Corte, como cuando esa misma mayoría avaló la forma en que se habían integrado las salas de apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia, no digamos en otra serie de casos en los que los fallos no tuvieron nada que ver con las consideraciones legales sino respondieron a intereses políticos.
Los diputados se deben haber sentido empoderados por las acciones de ayer de la dirigencia sindical del magisterio y de los trabajadores de salud, quienes anunciaron medidas de hecho para respaldar al sistema actual y por ello, aún a riesgo de enfrentar mayor rechazo de la ciudadanía, se lanzaron sin ningún recato a realizar una jugada que nuevamente evidencia los arreglos entre el oficialismo y su principal «opositor» para cimentar el pacto de impunidad que suscribieron cuando eligieron a los magistrados del Organismo Judicial.
Mal que bien habían sentido la presión ciudadana que los llevó a organizar las mesas de discusión para abordar temas como el de la Ley Electoral, pero ya la dirigencia sindical que opera en contubernio con la clase política les dio luz verde para soportar el vendaval de la opinión pública y no tuvieron empacho para acabar de una vez por todas con la sublevación de la minoría en la CC.
