El amparo al Presidente de la República por el proceso de antejuicio iniciado en su contra se ha convertido en una prueba fehaciente de la inconsistencia que hay en la Corte de Constitucionalidad porque en el mismo caso hay dos resoluciones totalmente distintas, con el agravante de que la que fue declarando con lugar el amparo provisional adolece de falta de personería de la actuante, licenciada Fischer, mientras que el denegado fue presentado por el directamente agraviado, es decir el general Pérez Molina.
Los argumentos son básicamente los mismos, cuestionando la falta de pruebas, porque los señalamientos se basan en publicaciones de prensa y no en algo más concreto. Pero el Amparo más flojo, por la falta de personería de la actuante, fue declarado con lugar y el otro, con la debida comparecencia de quien denuncia agravio en su contra, fue rechazado. En otras palabras, en el segundo amparo, el presentado por Pérez Molina, se tomaron en consideración los argumentos esgrimidos para solicitar la protección provisional y fue declarado sin lugar. En el primero, en consecuencia, no se tomó en cuenta nada más que el criterio político de tres magistrados alineados con el actual Vicepresidente para emitir fallos que se pasan por el arco del triunfo el análisis jurídico, porque a ellos les interesa lo político, sobre todo cuando se trata de apuntalar al sistema, como lo hicieron ya cuando avalaron la espuria integración de las Cortes.
Eso nos lleva a preguntar ¿Cuál es la constitucionalidad y legalidad que realmente vale? ¿La de Maldonado Aguirre y Molina Barreto con la complicidad de Pérez Aguilera simplemente porque han sido mayoría para imponer sus criterios políticos? Del otro lado están Gloria Porras y Mauro Chacón, tratando de hacer valer sus argumentos jurídicos, pero se estrellan contra la aplanadora del sistema actual cuyas principales características son y han sido corrupción e impunidad. Ocasionalmente, cuando alguien de los de la trinca falla, como pasó ayer con la sustituta de Maldonado, pueden resolver con mayoría porque hay suplentes no alineados, pero se trata de situaciones en realidad extraordinarias.
Vale la pena entender la mecánica de nuestro tribunal constitucional que se ha erigido en tercera, última y definitiva instancia en la administración de justicia, violando el principio de la Constitución aunque parezca paradoja. No es primera vez que vivimos tiempos de secuestro de la legalidad por los adalides del sistema (ya ordenaron alguna vez inscribir a un candidato inhabilitado, Ríos Montt), pero seguramente nunca había sido tan crucial su papel como ahora que se viven aires de depuración que, por supuesto, tienen que alcanzar a todos los comprometidos con el sistema.