Uno de los rubros más sucios de la corrupción ha sido el negocio de la venta de medicinas, mismo que por supuesto no se inauguró en este año sino que viene desde antes de la apertura de la llamada era democrática, aunque los montos han ido en constante aumento y la forma se ha ido sofisticando desde que uno de los principales actores del negocio estuvo de Secretario Privado de Álvaro Colom e hizo un acomodo que repartió ese y otros pasteles de una manera que metió a todos los proveedores en el juego.
Hoy publicamos que se han asignado miles de millones mediante contrato abierto para que las empresas farmacéuticas puedan surtir a las necesidades del Estado. Siempre se ha sabido que las medicinas se venden a precios que no tienen relación con los precios de mercado y eso es lo que permite, por ejemplo, que proveedores del sistema de Salud hayan adelantado aportes de campaña para un partido político por más de seis millones de quetzales. La pública implicación de ese proveedor con el escándalo del IGSS hizo que Lider devolviera el dinero, pero el incidente sirve para demostrar cómo funciona el negocio.
Desde la misma campaña se establece el vínculo y el amarre para comprometer al Estado. Los precios se pactan en esa modalidad de contrato abierto que de abierto no tiene más que el nombre porque todo es oscuro, asegurando que la inversión del aporte de campaña se pueda recuperar en el primer negocio y durante el primer año del gobierno con creces, pero se aseguran, además, que durante todo el período serán los favoritos para ganar millonadas mediante la venta con sobreprecio de las medicinas que el pueblo necesita.
Los montos del negocio de las medicinas y el incidente destapado por el escándalo del IGSS más el previo reconocimiento que había hecho Lider de la fundamental participación entre sus financistas de una de las empresas implicadas en el negocio de la hemodiálisis, desnuda la forma en que se trafican las influencias desde antes de que los políticos lleguen a sentarse en el poder. No hace falta tener una extraordinaria capacidad de análisis para entender un juego tan evidente que, por cierto, se repite en los contratos de obra pública y en las adquisiciones de bienes por el Estado porque prácticamente no hay proveedor o contratista que llegue a esa posición sin haberse subido al carro de la corrupción y el financiamiento de las campañas políticas.
