El efecto que ha tenido en el país la falta de control de los centros de detención, hace que el nombramiento del abogado Giovanni Pivaral para ser el nuevo Director General del Sistema Penitenciario sea de mucha trascendencia especialmente tras la vinculación de su antecesor con la red del reo Byron Lima Oliva.
Porque no es ningún secreto que la forma en que opera el sistema es el de una administración criminal dentro de la que se pueden comprar listados de nombres para ser extorsionados, perfiles de personas para ser secuestradas, traficar con beneficios de protección o castigo a los internos y hasta operaciones de sicariato.
Con este esquema, las cárceles del país dejaron de ser un lugar en el que se mantiene cualquier persona que amerite prisión preventiva mientras se investiga un delito, un sitio para trabajar en quienes cumplen condena con posibilidad de reinserción social o el recinto donde se garantiza la protección a la sociedad controlando con alta eficiencia a los reos con mayor peligrosidad.
Nada de esto existe a la fecha porque se cuenta con lugares de hacinamiento en los que no hay clasificación de reos, en donde todos pueden usar desde teléfonos celulares, computadoras y hasta servicio de salidas con lo que se les facilita mantener el control de las operaciones delictivas en las que participan.
El nombramiento se cumple tras un proceso de selección en el que, con la participación de la sociedad civil y de entidades involucradas en el sector justicia, Pivaral obtuvo la mejor calificación y logró pasar los filtros para ser considerado el más idóneo para ejercer tal puesto.
Ahora será fundamental que los ojos que acompañaron el proceso de selección, también estén atentos con el ejercicio del puesto que haga el nuevo Director y garantizar que no existe posibilidad de seguir bajo las malas prácticas a las que se han sometido gustosos todos los directores recientes de un sistema que es corrupto hasta sus entrañas.
Pero también será importante solicitar que se cumpla con los requerimientos que haga Pivaral con intención de mejorar un sistema que, tal y como está, no funciona. Si del nuevo funcionario se espera que solo administre el desorden que hay a la fecha, el resultado será el mismo que ya conocemos. Habrá que invertir en nuevos centros de detención con mucha mayor capacidad de control, en la clasificación de reos y en la utilización de sistemas tecnológicos que reduzcan la injerencia de los guardias en los procesos. Un sistema profesional de presidios es lo que nos urge y habrá que estar atentos a este esfuerzo.
