Con los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus cortes de apelaciones juramentados y mientras se sigue en un atorado proceso para decidir al nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación, es el momento en que se tiene que empezar una discusión para modificar radicalmente el procedimiento de Comisiones de Postulación que perdió completamente su objetivo.

Porque en un principio se pensó que acudir a la academia era una forma de garantizar que con transparencia y honestidad se daría valor a la integridad moral de quienes administren la justicia en nuestro país, pero terminó siendo que la misma academia fue prostituida para cumplir con los intereses de quienes han manejado y seguirán controlando las instituciones del país.

Fue tal el retorcimiento del proceso, que incluso los Presidentes de las postuladoras parecía que se burlaban en la cara de los ciudadanos sobre los reclamos que se hacían acerca de su procedimiento y para todo decían, cínicamente, que estaban cumpliendo con la ley. Hay que recordar que también en esas comisiones había representantes de universidades de cascarón porque tenían inscritas las Facultades pero no cuentan siquiera con alumnos.

No creemos que se haya cumplido ni con el sentido de la ley porque insistimos en que intencionalmente se violentaron etapas del proceso y toda la opinión pública sabe que hubo esa injerencia que quedó en evidencia durante todo el proceso. En la Corte de Constitucionalidad se sabía de la existencia de los 3 votos que necesitaba para ser el cómplice perfecto del secuestro institucional del Estado, tal y como al final de cuentas aconteció.

Ahora lo que nos queda es la presión para que no se nos olvide este proceso en el que terminamos siendo burlados por esos poderes que están decididos y comprometidos con no poner en el menor riesgo el control del poder porque podría convertirse en una amenaza para su estatus.

Hay que estar comprometidos con cambiar el proceso pero tenemos que ser muy cautos de cómo hacerlo. Porque lo mismo que nos pasó con la Ley de Comisiones de Postulación podría ser el resultado de un proceso en el que la picardía de los poderes ocultos se impone sobre las buenas intenciones de quienes plantean los cambios.

El otro escenario es el de quedarnos igual, que vuelvan a nombrar a presidentes de las postuladoras a esos operadores de los secuestradores de la institucionalidad y que el resultado vuelva a ser el mismo. Lamentablemente, no sería extraño que en Guatemala, sabiendo el resultado, no haya interés siquiera en buscar los cambios.

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