La politización de la justicia es lo más dañino que le puede suceder a un país y lo estamos viendo con el camino que lleva Guatemala desde que se ha utilizado la práctica de colocar operadores que mantengan controlado el sistema para los poderosos que han manejado el diseño del Estado.
Porque es allí donde vemos que las instituciones de justicia se han convertido en una chamarra que cubre a los corruptos y, para poder ejercer esa función, ha dañado las instituciones de una manera tan fuerte que les impide ejercer su trabajo en las otras áreas.
Es entonces cuando hemos visto que se quiere una justicia con dueños para que existan fallos con protegidos o, simplemente, la capacidad de engavetar procesos cuando se trate de investigar las acciones de quienes controlan el poder político en el país. Por esto es que se ha convertido tan importante la colocación de guardianes de intereses en los puestos de administración de la justicia.
Pero, para el otro lado, la judicialización de la política es necesaria. Porque mientras el ejercicio de la práctica política siga estando al margen de la ley y la administración de la misma no alcance a quienes utilizan sus puestos para todo menos para el servicio público, nos mantendremos en esta práctica de la falta de transparencia y la completa falta de sometimiento ante las leyes del país.
Porque lo tradicional es que el que tiene el poder puede hacer lo que quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Va siendo hora que la justicia, como sucede ahora con el caso del diputado Gudy Rivera, pueda trascender los límites que ha marcado el poder en Guatemala para que de alguna manera vaya haciendo ver que se tiene que aplicar sin importar a quién.
Es necesario que haya esa judicialización de la política porque tiene que llegar el día en que para todos aquellos que obtienen la responsabilidad de administrar el poder que se le otorga por medio del voto, ser responsable tenga un valor especial. Debemos enfocarnos en detener la politización de la justicia y cambiarlo por la judicialización de la política para someter a los políticos al imperio honesto de la legalidad.
